El Congreso local aprueba reforma constitucional sin oposición. Un giro en la agenda legislativa de la entidad.

El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad la reforma al Artículo primero de la Constitución local que abre el camino para despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación. Según CIMAC, la votación sin votos en contra marca un punto de inflexión en los equilibrios políticos dentro de la legislatura yucateca.

La unanimidad es el dato que merece análisis. En una entidad donde la política estatal históricamente ha estado fragmentada entre varios bloques legislativos, una votación sin oposición sugiere que el debate sobre despenalización del aborto ya no es una línea de ruptura partidista como lo fue hace una década. O, alternativamente, que los diputados de oposición decidieron no visibilizar su voto negativo frente a lo que perciben como una batalla política que ya está perdida en términos de la opinión pública.

Lo que la reforma hace es modificar el proceso legislativo para permitir que la despenalización avance. No es la despenalización misma, sino la apertura de la puerta para que el Congreso pueda legislar sobre el tema sin obstáculos constitucionales. Esto es relevante porque en México, las reformas constitucionales en materia de derechos reproductivos han sido fragmentadas: cada estado tiene su propia arquitectura legal, y la Suprema Corte ha tenido que intervenir múltiples veces para resolver inconsistencias.

Yucatán se suma así a una lista creciente de entidades que han avanzado en despenalización o legalización del aborto bajo ciertos parámetros. El plazo de 12 semanas es significativo: no es el más expansivo (algunos estados permiten hasta 15 o 20 semanas), pero tampoco es restrictivo como los regímenes que solo permiten el aborto en casos de violación o riesgo a la madre.

Desde la perspectiva del federalismo mexicano, esto ilustra un fenómeno político importante: los estados tienen capacidad de legislar sobre derechos reproductivos con mayor flexibilidad que hace diez años. La presión de activistas, el cambio generacional en las legislaturas, y la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales leyes estatales que penalizaban el aborto sin excepciones, han creado un espacio donde los congresos estatales pueden moverse sin bloqueos legales.

El voto unánime también refleja cálculos políticos locales. Es posible que diputados de partidos conservadores hayan considerado que oponerse públicamente a la reforma los costaría más políticamente de lo que les beneficiaría mantener una posición de principios frente a sus bases. O que el liderazgo del Congreso haya logrado un consenso donde la reforma se presenta como una ampliación de libertades individuales sin atacar directamente valores religiosos.

Lo que no está claro en la información disponible es si la reforma despenaliza completamente el aborto hasta las 12 semanas, o si la despenalización estará sujeta a excepciones (violación, incesto, riesgo de vida de la madre). Esto es crítico porque la diferencia entre un régimen de despenalización total y uno con restricciones es sustancial en términos de derechos y acceso.

Desde la perspectiva de las instituciones, este es un ejemplo de cómo los congresos estatales pueden ejercer poder legislativo cuando el contexto político lo permite. Yucatán, bajo la Constitución local modificada, ahora tiene el marco para legislar sobre derechos reproductivos sin bloques constitucionales. Cómo ejerza ese poder en la legislación subsecuente será el termómetro real de si esta reforma es un cambio sustantivo o una fachada legislativa.

La unanimidad es también una advertencia: cuando un tema tan divisivo logra voto unánime, es porque la política real está ocurriendo en otro lugar. Probablemente en negociaciones previas, en compromisos sobre el alcance de la ley ordinaria, o en acuerdos sobre qué excepciones se incluirán cuando se legislen los detalles. El Congreso de Yucatán acaba de aprobar el trámite. Ahora viene el verdadero debate: qué tipo de despenalización queda escrita en la ley ordinaria.

Por Sandra Gutierrez