De los selfis que expulsan inversión a los vetos que paralizan proyectos: el país tiene un problema sistémico con el crecimiento

La inflación bajó a 3.55%. En otro contexto, abriríamos con ese dato como una victoria. Hoy, en cambio, lo usamos como punto de partida para hacernos la pregunta que realmente importa: ¿de qué sirve controlar los precios si el país está construyendo, norma por norma, regulación por regulación, un entorno que expulsa la inversión productiva?

Eso es lo que la edición de hoy documenta con una claridad que incomoda.

El país que se traba solo

Empecemos con algo que debería ser irrelevante pero no lo es: el requisito del selfi para registrar una línea telefónica terminó bloqueando al 70% de los usuarios rurales que intentaron cumplirlo. Setenta por ciento. No hubo sabotaje, no hubo corrupción visible, no hubo mala intención declarada. Hubo una regulación diseñada en una oficina sin asomarse a la realidad del país que pretendía ordenar.

Ese es el retrato fiel de cómo funciona el Estado mexicano cuando interviene: con buenas intenciones en el papel y consecuencias desastrosas en el campo. Los más afectados, como siempre, son quienes menos recursos tienen para sortear la burocracia.

Pero ese ejemplo, por absurdo que parezca, es casi menor frente a lo que ocurre cuando la lógica del bloqueo escala hacia proyectos de infraestructura energética.

El veto como política industrial

Dos historias de esta edición merecen leerse juntas. En el Istmo de Tehuantepec, comunidades zapotecas llevan veinte años frenando proyectos de energía eólica. En Sinaloa, comunidades yoreme-mayo detuvieron una planta de amoniaco que representaba inversión directa, empleos formales y encadenamiento productivo.

No discutimos aquí la legitimidad del derecho a la consulta indígena. Es un derecho reconocido, y debe serlo. Lo que sí señalamos —porque nadie más lo dice con claridad— es que ese derecho ha sido convertido, en la práctica, en un instrumento de veto absoluto sin contrapeso institucional, sin proceso de resolución, sin plazos, sin arbitraje. Un derecho sin procedimiento no es un derecho: es una llave de bloqueo que cualquier actor puede usar para detener cualquier proyecto por tiempo indefinido.

El resultado es predecible y está documentado: los inversores no esperan veinte años. Se van a Perú, a Colombia, a Vietnam, a cualquier país que tenga reglas claras aunque sean imperfectas. México pierde no porque sea poco atractivo en términos de geografía, talento o posición estratégica —tiene todo eso y más—, sino porque no puede garantizar que una inversión aprobada hoy no será bloqueada mañana por una combinación de ambigüedad legal y ausencia de Estado.

La 4T y el problema de fondo

Sería cómodo atribuir todo esto al gobierno actual, pero sería deshonesto. La consulta indígena mal diseñada, la regulación que nadie prueba antes de publicarla, la ausencia de certeza jurídica en proyectos de infraestructura: son problemas estructurales que vienen de décadas atrás y que ningún gobierno ha resuelto.

Lo que sí es atribuible a la administración de Claudia Sheinbaum —y antes a la de López Obrador— es la decisión de no resolver. De gobernar la ambigüedad en lugar de eliminarla. De usar la consulta como cortina cuando conviene y saltársela cuando también conviene. De no construir los marcos institucionales que permitirían que el desarrollo energético y el respeto a las comunidades coexistan en lugar de colisionar.

Mientras tanto, Morena procesa su propia fragmentación interna en el registro de precandidatos, el INE reconfigura el tablero con cuatro partidos nuevos y el país político sigue girando sobre su propio eje, ajeno al dato que más debería importarle: México necesita crecer al 4% anual sostenido para absorber a su población joven. Con el entorno actual de inversión, no está cerca de eso.

Lo que pedimos no es complicado

No estamos pidiendo que se ignoren las comunidades. No estamos pidiendo que se atropellen derechos. Estamos pidiendo lo que cualquier país serio tiene: procedimientos con plazos, instancias de arbitraje, criterios objetivos, consecuencias jurídicas para quien actúe de mala fe —en cualquier dirección— y un Estado capaz de hacer cumplir los acuerdos que facilita.

Estamos pidiendo que el requisito del selfi se pruebe antes de implementarse. Que la regulación telefónica se diseñe pensando en el usuario de Oaxaca, no solo en el de Polanco. Que los proyectos de infraestructura energética tengan un camino claro desde la consulta hasta la resolución, no un laberinto sin salida.

Estamos pidiendo, en suma, que México deje de bloquearse a sí mismo.

La inflación en 3.55% es una buena noticia. Pero la estabilidad de precios sin crecimiento es solo miseria controlada. El sector productivo de este país —los que generan empleo, los que pagan impuestos, los que apuestan su capital en proyectos que pueden tardar años en dar frutos— no puede seguir operando en un entorno donde la regla de oro es la incertidumbre.

México tiene todo para crecer. Lo que le falta es un gobierno dispuesto a remover los obstáculos que él mismo ha construido.

Esa es la pregunta que le dejamos al lector hoy: ¿cuántos proyectos más tiene que perder el país antes de que alguien en el poder decida que el costo del bloqueo es demasiado alto?

Por Eduardo Rios