Reforma judicial de cartón, diplomacia de silencio y 800 millones de pesos de rehenes: México enfrenta una crisis de autoridad que el gobierno no quiere nombrar
Hagamos el ejercicio más simple del periodismo: poner los hechos de la semana uno junto al otro y ver qué nos dice la imagen completa.
Cuarenta y cuatro mexicanos esperan la inyección letal en cárceles estadounidenses. La Cancillería habla de gestiones diplomáticas, de canales institucionales, de trabajo silencioso. Mientras tanto, el reloj corre y los resultados son cero. No es una tragedia abstracta: son personas con nombre, con familia, con un Estado que cobró impuestos toda su vida prometiendo representarlos cuando más lo necesitaran. La soberanía no se defiende con comunicados. Se defiende con presencia, con capacidad de negociación real y con la voluntad política de sentarse en la mesa aunque el tema incomode.
En paralelo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación suspende una huelga —no la retira, la suspende— mientras mantiene en disputa 800 millones de pesos destinados a infraestructura educativa. Ochocientos millones de pesos que deberían estar llegando a aulas, a niños, a comunidades que llevan años esperando una escuela digna. La CNTE no es un sindicato de maestros: es un aparato de poder que opera con lógica propia, negocia con el gobierno de tú a tú y bloquea recursos públicos sin consecuencia legal alguna. Eso no es sindicalismo. Es un Estado dentro del Estado, y el gobierno actual no solo lo tolera: lo necesita.
Luego está la reforma judicial. El gran proyecto democratizador de la 4T. La promesa de limpiar el Poder Judicial de corrupción y complicidades. El resultado visible hasta ahora: caras viejas recicladas en nuevos cargos, procesos de selección opacos y una Suprema Corte que, en medio del caos institucional, todavía tiene que ordenarle a Puebla que legisle sobre identidad de género infantil porque el Congreso local simplemente no lo ha hecho. Democratizar no significa sustituir una élite por otra con diferente credencial partidista. Significa construir instituciones que funcionen con independencia del ciclo político. Eso no está pasando.
Y mientras todo esto ocurre, las comunidades indígenas enfrentan en silencio una realidad que el Estado prefiere no cuantificar: crímenes que quedan sin proceso, víctimas que no acceden al sistema de justicia, perpetradores que operan sabiendo que la impunidad es la norma. La debilidad institucional no es solo un problema administrativo. Es una sentencia de muerte para quienes viven en los márgenes del sistema, donde el Estado llega tarde, llega mal o simplemente no llega.
El patrón que emerge de esta edición no es ideológico. Es funcional. O más precisamente: es la evidencia de un Estado que ha crecido en tamaño, en presupuesto y en ambición política, pero que ha encogido en capacidad de entregar resultados básicos.
¿Qué es básico? Proteger a sus ciudadanos en el exterior. Garantizar que los recursos educativos lleguen a los niños, no a las negociaciones sindicales. Construir un sistema judicial que genere certeza, no zozobra. Hacer que la ley se aplique igual en una capital que en una comunidad rural.
Ninguno de esos objetivos requiere más poder concentrado. Requiere lo contrario: instituciones autónomas con mandatos claros, rendición de cuentas real y consecuencias cuando no se cumplen los objetivos. Requiere separar la función pública del cálculo electoral. Requiere que el gobierno entienda que representar a México no es gestionar la imagen de México.
El sector productivo lo resiente directamente. Cuando no hay certeza judicial, la inversión espera. Cuando los recursos públicos se pierden en negociaciones sindicales, la infraestructura no mejora y los costos logísticos aumentan. Cuando la diplomacia falla, las relaciones comerciales se complican. Cada quincena, miles de empresarios en México resuelven la misma ecuación: operar en un entorno que se vuelve más caro, más impredecible y más hostil, mientras el gobierno anuncia reformas que prometen solucionar todo y no resuelven nada.
No pedimos un Estado omnipresente. Pedimos uno competente en lo que es su razón de ser. La diferencia importa. Un Estado que no puede defender a 44 de sus ciudadanos frente a la pena de muerte no está en posición de pedir más facultades para regular la economía. Un gobierno que no puede hacer que 800 millones de pesos en educación lleguen a las aulas no debería aspirar a administrar más recursos. Una reforma judicial que recicla actores en lugar de transformar estructuras no merece el nombre de reforma.
La pregunta que esta edición nos deja no es de derecha ni de izquierda. Es de exigencia ciudadana básica: ¿qué estamos recibiendo a cambio de lo que entregamos?
Los que trabajamos, pagamos impuestos, generamos empleo y apostamos por este país merecemos una respuesta honesta. No un comunicado. No una conferencia matutina. Una respuesta medida en resultados: mexicanos protegidos, aulas funcionando, jueces independientes, ley aplicada sin excepción.
Mientras esa respuesta no llegue, nuestra obligación es seguir haciendo la pregunta. Porque hay cosas que vale la pena defender.
Por Eduardo Rios