Mujeres indígenas denuncian que parques eólicos violaron su derecho a consulta previa y transformaron irreversiblemente su territorio
Las mujeres indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca, llevan dos décadas en una batalla que trasciende lo ambiental: es una batalla por el derecho a decidir sobre sus propias tierras. Según Lado B, estas defensoras han documentado cómo los parques eólicos no solo transformaron el paisaje físico de la región, sino que violaron sistemáticamente su derecho a la consulta previa, un fundamento legal que debería ser obligatorio antes de cualquier proyecto extractivo en territorios indígenas.
Este caso merece atención rigurosa porque representa una contradicción central en la política energética mexicana: cómo un proyecto presentado como "verde" y esencial para las metas climáticas de México puede, simultáneamente, violar derechos fundamentales de comunidades que dependen directamente del territorio que se transforma.
México ha instalado capacidad eólica masiva en los últimos dos décadas, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, una región con condiciones geográficas óptimas para este tipo de generación. El país cuenta actualmente con aproximadamente 8,000 megavatios de capacidad eólica instalada, posicionándolo como uno de los principales generadores de energía eólica en Latinoamérica. El gobierno ha presentado esta expansión como un logro de transición energética y cumplimiento de compromisos climáticos internacionales.
Pero los números de instalación no dicen nada sobre el costo institucional y de derechos asociado. La consulta previa es una obligación internacional que México asumió al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No es una recomendación; es un deber legal. Cuando una comunidad indígena no es consultada genuinamente antes de un proyecto que afecta su territorio, el Estado está incumpliendo una obligación internacional y negando un derecho fundamental.
Lo que las mujeres zapotecas documentan es un patrón específico: proyectos energéticos llegaron a sus territorios sin que existiera un proceso de consulta previa real, transparente y vinculante. El "cambio en la relación con el viento" que mencionan no es poético solamente; refleja una transformación física del territorio que afectó prácticas ancestrales, patrones de uso del suelo y la viabilidad económica de actividades tradicionales.
Este conflicto también expone una tensión política más profunda en México. Los gobiernos de izquierda y derecha han promovido proyectos eólicos como solución energética. Sin embargo, una solución energética que no respeta derechos indígenas no es solución: es imposición con barniz de sustentabilidad. El problema no es la energía renovable en abstracto; es cómo se decide, se implementa y quién asume sus costos.
Desde la perspectiva de gobernanza institucional, el caso del Istmo revela una falla crítica: los derechos de las comunidades indígenas siguen siendo tratados como obstáculos procedimentales en lugar de límites legales reales. Cuando un Ministerio Público no actúa sobre violaciones a derechos indígenas documentadas, o cuando los tribunales dilatand decisiones, el mensaje que se envía es que esos derechos son negociables si el proyecto es "de interés nacional".
Las defensoras zapotecas llevan veinte años construyendo un expediente: documentación sobre la transformación del paisaje, sobre cambios en ecosistemas locales, sobre cómo el viento que define geográficamente al Istmo ahora interactúa con infraestructura que no pidieron. Este tipo de registros, construidos por comunidades, son mucho más confiables que reportes de impacto ambiental encargados por quienes lucran con los proyectos.
La pregunta final es incómoda para todo gobierno que ha promovido energía eólica sin resolver esta tensión fundamental: ¿puede haber una transición energética justa si viola derechos de quienes históricamente han sido despojados? ¿O es solo otra forma de extractivismo, ahora con paneles solares y turbinas eólicas?
México necesita energía renovable. México también necesita respetar derechos indígenas. Si el sistema institucional no puede garantizar ambos simultáneamente, entonces el problema no está en las mujeres zapotecas que defienden su territorio: está en la incapacidad del Estado para construir políticas que no sacrifiquen lo segundo en nombre de lo primero.
Por Jorge Morales