La llegada de torres industriales detonó movilizaciones masivas que trascienden fronteras. Un caso de cómo la presión comunitaria puede detener proyectos industriales sin permiso real.

La construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, enfrenta hoy su momento de mayor tensión. Lo que comenzó como una oposición indígena hace más de una década se ha convertido en un movimiento de alcance internacional que cuestiona tanto el modelo de inversión en infraestructura como la capacidad del gobierno para garantizar derechos territoriales.

Según Lado B, la llegada de torres industriales de grandes dimensiones al sitio del proyecto fue el detonante que intensificó las movilizaciones masivas de comunidades yoreme-mayo. Este es un dato relevante: no fue el anuncio del proyecto ni los permisos en escritorio lo que movió a miles de personas a las calles, sino la materialización física de las estructuras industriales. Eso dice mucho sobre cómo operan los gobiernos en México — autorizan sobre el papel mientras las comunidades se enteran cuando las máquinas ya llegaron.

La escala de la resistencia es inédita. Las protestas no se limitaron a Sinaloa, donde viven las comunidades directamente afectadas. Se expandieron a la Ciudad de México, donde obtuvieron visibilidad política nacional, y llegaron hasta Alemania — probablemente donde se encuentran inversionistas o socios tecnológicos del proyecto. Esa geografía de la movilización es una estrategia sofisticada: no solo cierran la puerta localmente, también la cierran donde se toman las decisiones financieras.

Aquí está el problema estructural que Baluarte News ha documentado repetidamente: en México, los proyectos de inversión grande — especialmente los relacionados con infraestructura y recursos naturales — avanzan sin consulta previa, libre e informada con las comunidades que serán afectadas. La Constitución lo exige. El Convenio 169 de la OIT, que México firmó, lo exige. Pero en la práctica, los permisos llegan primero y la consulta nunca llega.

La planta de amoniaco es un caso de libro de texto. Una década de oposición sugiere que el proyecto nunca tuvo legitimidad en el territorio. Si después de diez años de rechazo comunitario abierto, las autoridades siguen adelante, no estamos hablando de un conflicto de visiones sobre desarrollo — estamos hablando de imposición.

Esto importa para la economía mexicana por una razón: la inversión extranjera directa (IED) requiere seguridad jurídica. Esa seguridad no significa solo que los contratos se respeten en las cortes, sino que los proyectos no sean bloqueados por conflictividad social después de años de operación. Una planta de amoniaco que enfrenta una década de resistencia comunitaria es una planta que no será rentable, incluso si finalmente logra operar.

Los inversionistas — sean alemanes, estadounidenses o de donde sean — ven esto y se preguntan: ¿Qué tan seguro es invertir millones en un proyecto que la población local no quiere? La respuesta es: no es seguro. Y cuando los inversionistas tienen dudas, buscan otros mercados. México pierde oportunidades de empleo y de ingresos fiscales.

Pero hay una pregunta incómoda para los gobiernos: ¿Quién debería tener el peso mayor en esta decisión — los inversionistas externos o las comunidades indígenas que viven en el territorio? La respuesta legal es clara: la comunidad. El Convenio 169 existe precisamente para eso. El problema es que la respuesta política en México ha sido históricamente diferente.

La movilización de los yoreme-mayo demuestra que esa brecha entre lo legal y lo político ya no es sostenible. Cuando miles de personas se movilizan en múltiples países, los gobiernos enfrentan costos políticos reales — tanto en legitimidad como en capacidad de gobernar.

La pregunta ahora es si el gobierno de Sinaloa tiene la voluntad de hacer lo que debería haber hecho hace una década: sentarse con la comunidad yoreme-mayo, hacer una consulta real — no un trámite — y si el resultado es que no quieren la planta, respetar esa decisión. Eso sería seguridad jurídica de verdad. Todo lo demás es fuerza bruta disfrazada de desarrollo.

Por Patricia Nunez