Cuando la burocracia digital excluye a los más pobres y el veto comunitario expulsa el capital, el costo lo paga siempre el mismo: el ciudadano de a pie.

El 70% de los mexicanos que viven en zonas rurales con cobertura limitada no pudieron completar el registro obligatorio de su línea telefónica porque el sistema les exigía tomarse una selfie. No una llamada de verificación, no un código SMS, no una visita a una tienda cercana: una fotografía digital en tiempo real, con reconocimiento facial, desde un dispositivo con cámara funcional y conexión estable a internet. En el campo mexicano. En 2024.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) implementó este requisito como parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un sistema heredado de la lógica de que registrar a los usuarios reduciría el crimen organizado. El resultado documentado: cerca del 70% de los intentos de registro en zonas rurales fracasaron por barreras tecnológicas. Miles de líneas canceladas. Miles de personas —muchas de ellas adultos mayores, jornaleros, pequeños productores— sin servicio de comunicación por una regulación diseñada desde una oficina capitalina que claramente nunca salió a verificar cómo vive la mitad del país.

Esto no es un problema de implementación. Es un problema de diseño. Y el diseño nació de una premisa equivocada: que regular más produce más seguridad. La evidencia dice lo contrario.

La regulación que protege al regulador, no al ciudadano

Hay una diferencia fundamental entre regular para corregir una falla de mercado y regular para demostrar que el Estado hace algo. El PANAUT fue, desde su concepción, un proyecto del segundo tipo. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) advirtió desde el inicio que el sistema era técnicamente inviable para zonas sin infraestructura digital. El IFT siguió adelante.

El costo no lo pagó el IFT. Lo pagó el campesino en Oaxaca que perdió su línea y con ella el acceso a transferencias del gobierno, a comunicarse con familiares, a coordinar la venta de su cosecha. Lo pagó la microempresaria rural que usa WhatsApp para recibir pedidos. Lo pagó el sistema de salud, porque muchos programas de citas y seguimiento médico operan vía mensaje de texto.

En Kenia, el sistema M-Pesa transformó la economía rural con verificación de identidad vía SMS básico, sin cámara, sin internet de banda ancha, sin reconocimiento facial. Hoy mueve el equivalente a más del 40% del PIB keniano en transacciones. México eligió el camino opuesto: diseñar para el usuario urbano, clase media, con smartphone moderno, y llamarle política pública inclusiva.

El veto ambiental y el costo de no construir

El mismo día que leemos sobre el selfie que excluye, leemos sobre comunidades yoreme-mayo que lograron frenar la construcción de una planta de amoniaco en Sinaloa tras décadas de movilización. Y sobre las zapotecas del Istmo que llevan veinte años bloqueando parques eólicos en una región con uno de los mejores recursos de viento en todo el continente americano.

Antes de que alguien malinterprete el argumento: el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas es un derecho reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución mexicana. No está en discusión. Lo que sí está en discusión es el costo económico acumulado de un marco legal que, en la práctica, convierte cualquier proyecto de infraestructura en México en una apuesta de altísimo riesgo con horizonte temporal indefinido.

México tiene el potencial técnico para ser una potencia en energías renovables. El Istmo de Tehuantepec tiene factores de planta eólica superiores al 40%, cifras que países europeos pagan fortunas por alcanzar. Dinamarca construyó su industria eólica sobre terrenos con la mitad de ese recurso. En México, veinte años de litigio, negociaciones fallidas y proyectos paralizados han convertido esa ventaja natural en un activo intangible que nadie puede monetizar.

El problema no es la oposición comunitaria en sí misma. El problema es la ausencia de un marco institucional que resuelva conflictos con certeza jurídica y plazos definidos. Cuando un inversionista no puede calcular cuándo —ni si— un proyecto va a operar, el capital se va a otro lado. Y en el contexto del nearshoring, donde México compite directamente con Vietnam, India y Polonia por manufactura avanzada, la energía confiable y barata no es un detalle: es la condición de entrada.

La inflación baja, pero el costo de hacer negocios no

La inflación cayó a 3.55% en la última medición, y el titular celebra el dato como una victoria. No es mentira —es un avance real y bienvenido—, pero el número oculta algo que los empresarios medianos conocen bien: la inflación de costos regulatorios no aparece en el INPC.

Cada trámite adicional, cada requisito tecnológico inviable, cada proyecto frenado por incertidumbre jurídica tiene un costo que no mide el Banco de México pero que sí mide el empresario cuando decide dónde poner su siguiente fábrica. Ese costo se llama prima de riesgo país. Y México la ha estado incrementando silenciosamente, reforma tras reforma, requisito tras requisito, veto tras veto.

La inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2024 mostró señales mixtas precisamente en los sectores donde la certeza jurídica está más comprometida: energía y telecomunicaciones. No es coincidencia.

Lo que el gobierno no quiere calcular

Hay una pregunta que ninguna dependencia federal ha respondido con datos públicos y verificables: ¿cuánto le cuesta a México, en pesos y en puntos de PIB, la regulación que no funciona?

No el costo de regular —eso lo defienden con argumentos de equidad y seguridad—. El costo de regular mal. El costo de un PANAUT que excluye al rural. El costo de veinte años sin eólicas en el Istmo. El costo de una planta de amoniaco que no se construyó y cuya producción México importará a precio internacional durante los próximos diez años.

Esa contabilidad no existe porque no conviene que exista. Si existiera, sería imposible defender muchas de las decisiones regulatorias de la última década con argumento técnico serio.

La prosperidad no se decreta ni se regula. Se construye con reglas claras, instituciones que funcionen y un Estado que entienda que su trabajo no es controlar cada transacción, sino crear las condiciones para que millones de mexicanos puedan trabajar, producir e invertir sin que un funcionario en la Ciudad de México les pida una selfie para comprobarlo.

Mientras eso no cambie, los datos macroeconómicos seguirán siendo buenos titulares sobre una economía que opera muy por debajo de su potencial real. Y eso, a diferencia de la inflación, no lo resuelve el Banco de México.

Por Claudia Vargas